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En sentencia notificada esta semana el Consejo de Estado, máximo órgano de cierre de la Jurisdicción administrativa en Colombia, determinó la nulidad de la elección de la Contralora elegida en el mes de enero del presente año por el Concejo Municipal de Rionegro para un período que termina el próximo 31 de diciembre.

La Veeduría Ciudadana Identidad y Defensa de lo Público que con anterioridad advirtió sobre la inhabilidad de la señora SANDRA IULDANA LANDINEZ CÁRDENAS, convenció con sus argumentos al Tribunal Administrativo de Antioquia que en primera instancia declaró el pasado mes de agosto la nulidad de la elección que en esta providencia de noviembre 18 de 2021 confirma el Consejo de Estado.

Esta decisión no tiene más apelaciones, una vez notificada queda ejecutoriada; en la decisión emitida por el Consejo de Estado se convalidó la decisión del Tribunal Administrativo de Antioquia que sostuvo la existencia de la nulidad, advirtiendo sobre la existencia de la inhabilidad de la funcionaria elegida por haber suscrito durante el año anterior a la elección contratos con entidades públicas que se desarrollen en el municipio en el que se realizó la elección, en este caso se demostró que la señora SANDRA IULDANA LANDINEZ CÁRDENAS, suscribió contrato el día 31 de enero de 2020 con vigencia hasta el 30 de junio de 2020, con la Empresa Industrial y Comercial del orden Municipal EDESO y con una entidad en la que el Municipio de Rionegro es parte (MASORA), contrato del 24 de agosto de 2020, con vigencia hasta el 23 de diciembre de 2020, es decir hasta un mes antes de su elección realizada el día por el Concejo Municipal el día 22 de enero de 2021.

La Procuraduría delegada ente el Consejo de Estado solicitó al igual que la delegada ente el Tribunal, confirmar la declaratoria de nulidad de la elección por encontrarse probada la causal de nulidad, conforme a las leyes y a la jurisprudencia que rigen la materia en Colombia.

La confirmación de la nulidad de la elección por parte del Consejo de Estado y los conceptos de la Procuraduría General de la Nación, se convierten en el talón de Aquiles de los 13 concejales que participaron de esta elección irregular, una vez que las normas penales y disciplinarias tienen consagrada como delito y como falta disciplinaria la elección de funcionarios con violación del régimen de inhabilidades e incompatibilidades.

Los concejales que realizaron esta elección, en su mayoría profesionales del derecho y de las ciencias políticas, deberán responder ante la Fiscalía General de la Nación por el presunto delito de prevaricato y por falta disciplinaria gravísima a título de dolo, la primera establece pena privativa de la libertad, mediante un proceso extenso y la segunda mediante un proceso abreviado puede conducir a la destitución y a la inhabilidad para el ejercicio de funciones públicas entre 10 y 20 años.

La Veeduría Ciudadana desde el 22 de abril de 2021, presentó ante la Procuraduría Provincial la solicitud de la correspondiente investigación disciplinaria, frente a la que esta institución deberá manifestarse, una vez que existe en el pais el precedente de municipios en los que los concejales han sido suspendidos en el ejercicio de sus funciones por la elección irregular de los personeros y contralores con violación de la ley, que establece las inhabilidades para el ejercicio de estos importantes cargos.

Por: Jhon Fredy Osorio Pemberty

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