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El artículo 126 de la Constitución Política de Colombia, modificado por el Acto Legislativo 02 de 2015, indica que, salvo los concursos regulados en la ley, la elección de servidores públicos atribuida a corporaciones públicas deberá estar precedida de una convocatoria pública regulada por la ley, en la que se fijen requisitos y procedimientos que garanticen los principios de publicidad, transparencia, participación ciudadana, equidad de género y criterios de mérito para su selección.

Las elecciones de personeros y contralores desde la vigencia de la norma de meritocracia tienen un largo catálogo de demandas, denuncias, medidas de aseguramiento, sanciones disciplinarias y procesos penales interminables, los cuales no existirían si los políticos observaran a plenitud la norma y conocieran las bondades que la elección con sujeción al mérito puede aportar a la consolidación de una verdadera democracia.

En el municipio de Rionegro, fue ampliamente conocido el impacto negativo que tuvo la elección del personero municipal para el periodo 2016-2020, en donde se estableció una nueva etapa de reclamación que favorecía los intereses de un participante que ha sido cercano a los intereses de todas las administraciones, lo que impuso el criterio político por encima del mérito.

La fiscalía general de la Nación, con fundamento en una denuncia que para la época presentó la senadora Claudia López, inició un proceso penal que en la actualidad se tramita en el Juzgado Penal del Circuito de Rionegro, en el que han sido llamados 13 concejales a responder por presuntos delitos contra la administración pública, con ocasión de la elección irregular del personero municipal, proceso que ha pasado la etapa de investigación preliminar, audiencia de imputación, audiencia de acusación, preparatoria, encontrándose en la etapa final del juicio oral.

No obstante, los reproches penales y disciplinarios con ocasión de la elección de personero narrados anteriormente, la Corporación Concejo Municipal de Rionegro, con el voto favorable de 13 concejales que conforman la coalición mayoritaria, se aventuró a elegir como contralora municipal para un corto periodo comprendido entre el 22 de enero y el 31 de diciembre de 2021 a las señora  Sandra Iuldana Landinez Cárdenas, con pleno conocimiento de que se encontraba inhabilitada para ejercer el cargo, una vez que el mismo concejo le había otorgado en una Resolución de fecha cercana a la elección, la experiencia por los contratos con entidades públicas que se ejecutaron en el municipio, lo cual está consagrado expresamente como causal que impide el ejercicio de este cargo en el orden municipal.

El afán de elegir a la señora Sandra Iuldana Landinez Cárdenas, permitió que el concejo municipal cometiera serios errores en el proceso de consolidación de este órgano de control, que le cuesta al presupuesto una suma cercana a los cuatro mil millones de pesos, gasto que no se justifica en el momento actual en el que atravesamos una difícil crisis con ocasión de la pandemia, además que el control fiscal lo venía ejerciendo con línea de acierto y legalidad la contraloría general de Antioquia, la creación improvisada de este ente de control en el municipio es una forma de evadir el control fiscal, en el que existen hallazgos de enormes repercusiones en cabeza de los funcionarios de las últimas administraciones que incluso son los mismos que hoy ocupan la planta de cargos de esta entidad, planta de cargos además ilegal como quiera que fue creada y provista por la propia contralora sin que el concejo municipal como la entidad facultada por la constitución  determinara o autorizará esta planta de cargos, la cual está contenida en una resolución espuria que se encuentra demandada ante los jueces administrativos.

El Tribunal Administrativo de Antioquia, resolvió apartar provisionalmente del cargo a la señora Landinez, por encontrar probada la existencia de la inhabilidad para ocupar el mismo, relacionada con la celebración de contratos con entidades públicas ejecutados en el municipio de Rionegro, posición que fue confirmada en sentencia del 13 de mayo de 2021, proferida por el Consejo de Estado, máximo órgano de la jurisdicción administrativa, dentro de la demanda promovida por la veeduría ciudadana Identidad y Defensa de lo Público.

La legislación colombiana, específicamente el Código Único Disciplinario, establece como falta gravísima el nombrar, elegir, postular o intervenir en la postulación de una persona en quien concurra causal de inhabilidad, incompatibilidad o conflicto de intereses; esta prohibición abre la puerta para que nuevamente los 13 concejales que participaron de esta elección tengan que enfrentar nuevas demandas y denuncias ante las autoridades judiciales y órganos de control.

Por: Jhon Fredy Osorio Pemberty
Correo: pembertyfredy@gmail.com

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