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Un fuerte pulso enfrenta la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia tras la apelación de la Procuraduría General de la Nación para que se anule el proceso contra el gobernador Aníbal Gaviria. Esta apoya la tesis de la defensa del gobernador sobre la ley con la que debe ser juzgado, si debe continuar siendo la Ley 600 o si deben acoger la Ley 906 del 2002.

De apoyar la tesis del Ministerio Público, la Corte tendría que ordenar de inmediato la libertad para el político porque, bajo dicha ley, la Fiscalía General de la Nación debe pedir la detención ante un magistrado de la Corte y no disponer esta decisión por iniciativa propia.

La discusión se centra en la época de los hechos, los cuales se habrían presentado en el contrato de obra para la Troncal Paz suscrito en 2005, momento en el que Gaviria fue gobernador del departamento por primera vez.

Sin embargo, hay otro grupo de la Corte que sostiene que el contrato se inició en su trámite antes de la vigencia del 2004 y lo que le imputan es el delito de contrato sin requisitos legales que cobija su trámite previo a la firma. Piénsese desde los pliegos.

El gobernador, quien se encuentra con medida de aseguramiento que se surte bajo la detención domiciliaria, es investigado por la posible incursión en actos de corrupción relacionados con el contrato de infraestructura, cuyo objeto fue el mejoramiento y la pavimentación de la troncal de La Paz tramo La Cruzada-Caucasia.

Por: Luz Helena Fonseca
Tomado de: W Radio Colombia 
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