La violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes ha alcanzado cifras alarmantes en el Valle de Aburrá. Según reportes de la Policía Metropolitana, hasta el 22 de mayo se han registrado un promedio de 6,4 denuncias diarias por estos delitos, sumando alrededor de 44 denuncias semanales y 191 mensuales. Sin embargo, expertos advierten que el subregistro es significativo, ya que muchos casos nunca llegan a las autoridades.
Aunque los casos de explotación sexual comercial de menores de edad han ocupado la atención pública, la mayoría de las violencias sexuales ocurren dentro de los hogares. Padres, padrastros, tíos, primos, abuelos y hermanos figuran como los principales victimarios, muchas veces bajo el silencio cómplice de otros familiares.
Catalina Vertel Betancur, gerente de la IPS Creciendo con Cariño, describe la situación como «angustiante». Según la IPS, el 75% de su población atendida son víctimas de violencia sexual, y el 80% de estas denuncias señalan a un miembro del hogar como el agresor. La violencia sistemática que se desarrolla en el entorno familiar es especialmente devastadora, dejando secuelas profundas en las víctimas.
Alicia (nombre ficticio), una sobreviviente de abuso sexual por parte del esposo de su tía, relata su experiencia de abusos continuados desde los 3 hasta los 10 años. Su testimonio revela cómo los abusadores aprovechan la confianza y la cercanía para perpetrar sus delitos, y cómo el silencio y la incredulidad de otros familiares perpetúan el sufrimiento de las víctimas.
Vertel Betancur destaca múltiples factores que facilitan estos abusos: la ausencia prolongada de los padres, el hacinamiento, la falta de límites claros y el consumo de sustancias. Estas condiciones, presentes en todos los estratos sociales, crean un entorno propicio para que los abusadores se acerquen a sus víctimas, quienes muchas veces no denuncian por miedo o manipulación emocional.
La IPS ha atendido 440 nuevos casos de violencia sexual entre enero y mayo de este año, y el 95% de estos provienen del Valle de Aburrá. Las secuelas de estos abusos son comparables a los traumas de veteranos de guerra, afectando a las víctimas en todos los aspectos de su vida.
Para abordar esta crisis, es crucial activar siempre la ruta de atención integral, que incluye salud física y mental especializada, medidas de protección, acceso a la justicia y prevención de la revictimización. Según Vertel Betancur, es esencial que la sociedad crea en las denuncias de los menores y actúe de inmediato.
El Instituto Nacional de Medicina Legal reportó 282 exámenes médicos legales por presuntos delitos sexuales contra menores entre enero y abril de este año en el Valle de Aburrá, siendo la mayoría de las víctimas niñas y adolescentes.
La prevención debe comenzar en el hogar, con conversaciones abiertas sobre sexualidad y límites. Los padres deben dedicar tiempo a conocer las actividades y emociones de sus hijos, y estar atentos a cambios en su comportamiento o señales físicas que puedan indicar abuso.
La violencia sexual contra menores es una problemática que requiere atención constante y acción decidida por parte de la sociedad y las instituciones. «Si no se repara, no para», concluye Vertel Betancur, destacando la necesidad de una reparación simbólica y efectiva para las víctimas.
Es vital reconocer los síntomas que pueden presentar las víctimas, como cambios extremos en el estado de ánimo, trastornos del sueño, miedo intenso, y síntomas físicos como infecciones urinarias repetitivas o signos de violencia. La detección temprana y el apoyo adecuado son fundamentales para proteger a los menores y prevenir futuros abuso
