La Fiscalía General de la Nación ha tomado una medida contundente ante la grave crisis humanitaria que atraviesa la región del Catatumbo, producto de la escalada violenta atribuida al Ejército de Liberación Nacional (ELN). Con un saldo hasta la fecha de más de 80 muertos y alrededor de 32.000 desplazados, la Fiscalía reactivó las órdenes de captura contra 31 líderes de esta guerrilla.
La fiscal general Luz Adriana Camargo Garzón argumentó que los actos delictivos recientes cometidos por el ELN contradicen su compromiso con el proceso de paz. “Frente a las evidencias y la gravedad de los actos criminales perpetrados en la región del Catatumbo por el Ejército de Liberación Nacional (ELN), que contradicen su participación genuina y comprometida en el proceso de paz, la Fiscalía revoca los beneficios de suspensión de las capturas otorgados entre 2022 y 2023”, señaló en un comunicado oficial.
Los líderes señalados
Desde el 22 de enero, las órdenes de captura recobran vigencia contra figuras clave del ELN, incluyendo a Pablo Beltrán, Nicolás Rodríguez Bautista, Eliécer Herlinto Chamorro Acosta, Aureliano Carbonell, Bernardo Téllez y Gustavo Martínez, entre otros. También figuran nombres como Consuelo Tapias, Silvana Guerrero, Isabel Torres, y Vivian Henao. En total, 31 miembros enfrentan esta decisión judicial.
Contexto de la decisión
La Resolución No. 00015 de 2025, firmada por la fiscal Camargo, expone que el incumplimiento de las condiciones para la suspensión de las órdenes de captura y la comisión de nuevos delitos han llevado a esta medida. La violencia desatada desde el 16 de enero, que desencadenó una “tragedia humanitaria”, pone en riesgo la vida e integridad de la población civil, líderes sociales, firmantes del Acuerdo de Paz y sus familias.
El documento también destaca que las resoluciones que suspendían las capturas —como las No. 0-0825 del 17 de noviembre de 2022 y No. 0-0401 del 18 de agosto de 2023— han sido derogadas. Esto permite que las autoridades competentes actúen conforme a la nueva directriz judicial.
Acciones futuras
La Fiscalía informó de esta decisión a la Presidencia de la República, al consejero comisionado para la Paz y a las autoridades de Policía Judicial. Estas instituciones están ahora encargadas de ejecutar las capturas en el marco de sus competencias.
La crisis en el Catatumbo subraya los retos persistentes para alcanzar una paz estable y duradera en Colombia, mientras los hechos recientes reavivan el debate sobre la viabilidad de los procesos de negociación con actores armados como el ELN.
