La Gobernación de Antioquia, encabezada por el gobernador Andrés Julián Rendón Cardona, anunció que demandará la resolución 377 del 26 de diciembre de 2024, emitida por la ministra de Agricultura, Martha Viviana Carvajalino. La medida, que busca delimitar el uso del suelo en el Suroeste antioqueño para priorizar la agricultura y restringir otras actividades económicas, ha generado rechazo entre líderes municipales y gremios.
La resolución establece las denominadas Zonas de Protección para la Producción de Alimentos (ZPPA), donde se priorizaría la producción de 49 productos agrícolas, limitando actividades como la minería, ganadería, turismo y recreación. Para el gobernador Rendón, la medida representa una “usurpación” de competencias locales, argumentando que los concejos municipales son los únicos autorizados constitucionalmente para definir los usos del suelo.
“Nosotros vamos a demandar esa resolución por improcedente. Es un intento del Gobierno Nacional por imponer una ideología que afecta el desarrollo de la minería y otras actividades esenciales para nuestra economía”, afirmó Rendón.
Gremios también rechazan la medida
Los gremios afiliados a Intergremial Antioquia expresaron su preocupación, advirtiendo que la resolución impactará negativamente la competitividad de la región y paralizará sectores productivos clave, generando consecuencias graves para el tejido empresarial y social.
“La gravedad de esta resolución radica en que se redefiniría la vocación económica de una de las subregiones que más recursos genera para el departamento”, señalaron en un comunicado publicado en sus redes sociales.
El Ministerio de Agricultura defiende la resolución
Por su parte, la ministra Martha Viviana Carvajalino negó que la medida limite las actividades económicas del Suroeste. Según explicó, el objetivo es proteger las actividades agropecuarias frente a cambios irregulares en el uso del suelo rural. “Con esta declaratoria buscamos salvaguardar las áreas destinadas a la producción de alimentos en las ciudades”, aseguró.
La resolución afecta al 39,2 % del territorio del Suroeste, una región cuya economía depende principalmente de la producción de café, ganadería, minería y turismo. La controversia promete intensificarse en los próximos días, mientras la Gobernación de Antioquia prepara su demanda para defender la autonomía de los municipios y la diversidad económica de la región.
