En una decisión histórica, la Corte Constitucional de Colombia ha ordenado una modificación significativa en los requisitos de pensiones para las mujeres en el régimen privado. A partir del 1 de enero de 2026, las mujeres necesitarán menos semanas de cotización para acceder a la pensión mínima de vejez, según lo establecido por la Ley 100 de 1993.
La Corte Constitucional considera que las actuales 1.150 semanas exigidas no se ajustan a los derechos protegidos por la Constitución, y por lo tanto, ha instado al Congreso a legislar sobre el tema. En caso de que el Congreso no tome medidas antes de la fecha mencionada, la medida se implementará gradualmente, reduciendo las semanas necesarias en 15 cada año hasta llegar a las 1.000 semanas.
Este cambio se fundamenta en la necesidad de abordar las desigualdades y discriminación estructural que las mujeres han enfrentado en el mercado laboral colombiano. La Corte destaca que la igualdad aparente en el número de semanas para hombres y mujeres no tiene en cuenta las dificultades específicas que las mujeres han enfrentado históricamente al intentar cumplir con los requisitos de cotización.
El comunicado de la Corte subraya que, a pesar de la aparente igualdad en la cifra de semanas, las mujeres han enfrentado discriminación en el mercado laboral, lo que les dificulta cumplir con la densidad de cotizaciones requerida para acceder a la pensión mínima. La decisión también tiene en cuenta las diferencias en la edad pensional actualmente establecidas para hombres (62 años) y mujeres (57 años), reconociendo la justificación constitucional de esta disparidad debido a las desigualdades enfrentadas por las mujeres en el ámbito laboral.
La Corte enfatiza que el cambio busca proteger la seguridad social y eliminar una restricción indirecta que afectaba a aquellos de bajos recursos en el Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad (RAIS). La medida está destinada a beneficiar a quienes no cuentan con suficiente capital en sus cuentas de ahorro individuales para financiar una pensión de vejez equivalente al menos a un salario mínimo.
Este paso hacia la equidad de género en las pensiones representa un avance significativo en la protección de los derechos de las mujeres y busca corregir las desigualdades históricas presentes en el sistema de pensiones colombiano.
