La revocatoria de mandato es un mecanismo constitucional en Colombia que permite a los ciudadanos destituir a alcaldes y gobernadores que, presuntamente, no cumplan con sus programas de gobierno. Este derecho, contemplado en los artículos 40 y 103 de la Constitución y regulado por la Ley 1757 de 2015, busca fortalecer la democracia participativa. Sin embargo, su implementación sigue siendo objeto de debate debido a posibles motivaciones políticas y abusos en su aplicación.
El proceso inicia con la inscripción de un comité promotor ante la Registraduría Nacional del Estado Civil. Este grupo debe justificar la solicitud y recolectar firmas equivalentes al 30% de los votos obtenidos por el mandatario. Si las firmas son validadas, se convoca a elecciones. Además, el comité debe gestionar de manera transparente las actividades administrativas y financieras, asegurando el cumplimiento de los límites establecidos por el Consejo Nacional Electoral y reportando el origen de los recursos.
La Corte Constitucional, mediante la Sentencia C-150 de 2015, determinó que las votaciones de revocatoria no pueden realizarse durante el último año del periodo del mandatario. Para que la revocatoria sea efectiva, se requiere una participación del 40% de los votantes registrados en las elecciones iniciales, con la mayoría absoluta apoyando la destitución.
Aunque en teoría promueve la rendición de cuentas, la revocatoria enfrenta desafíos importantes. Uno de los principales es su posible uso como herramienta de venganza política, desestabilizando administraciones sin evaluar objetivamente el cumplimiento de sus planes de gobierno. Esto genera un desgaste político y administrativo, afectando la ejecución de proyectos clave en los territorios.
Desde la Constitución de 1991, solo dos mandatarios han sido revocados: el alcalde de Tasco (Boyacá) en 2018 y la alcaldesa de Susa (Cundinamarca) en 2022. Estos escasos resultados llevan a cuestionar si el esfuerzo y los recursos invertidos en estos procesos son justificables.
La desinformación es otro problema recurrente. En muchos casos, se difunden mensajes manipulados para desacreditar a los mandatarios, generando divisiones y conflictos en las comunidades.
Actualmente, la Registraduría ha acreditado ocho comités promotores en municipios como Tunja (Boyacá), Buga (Valle), Guarne (Antioquia), Soledad (Atlántico), Valparaíso (Caquetá), Cali (Valle) y Pandi (Cundinamarca).
Antes de respaldar una revocatoria, es fundamental analizar sus motivaciones, informarse adecuadamente y reflexionar sobre su impacto en el desarrollo del territorio. La democracia requiere decisiones conscientes e informadas.
Para conocer el paso a paso del proceso, puede consultar el video informativo de la Registraduría o el ABC de la Misión de Observación Electoral.
Por: Carlos Humberto Gómez
X: @chgomezc
