Las universidades privadas de Colombia se encuentran en estado de alerta debido a la propuesta de reforma a la Ley 30 de 1992, la cual busca fortalecer el sistema educativo colombiano. Esta iniciativa ha generado preocupación en el sector, principalmente por la posible desfinanciación que podría enfrentar a las Instituciones de Educación Superior (IES) del sector privado.
Aunque el Gobierno ha señalado que no se trata de una reforma a la Ley 30, sino de una nueva legislatura para la educación superior, las universidades privadas temen los efectos negativos que esto podría tener en su financiamiento y, por ende, en la calidad de la educación que ofrecen.
Óscar Domínguez, director ejecutivo de la Asociación Colombiana de Universidades (Ascun), ha destacado la necesidad de ajustar la Ley 30, especialmente en los artículos 86 y 87, para superar el desfinanciamiento estructural en la educación superior pública. Domínguez también enfatizó la importancia de establecer mecanismos que garanticen la prestación del servicio por parte de las IES privadas, como créditos estudiantiles que permitan a los jóvenes acceder a la educación superior.
Según cifras proporcionadas por Domínguez, de los $55 billones destinados por el Gobierno a la educación en 2024, cerca de $5,5 billones están dirigidos a la educación superior. Sin embargo, la mayoría de estos recursos, aproximadamente $4,5 billones, se destinan al sistema público, dejando solo alrededor de $1 billón para programas de apoyo, incluidos los créditos del Icetex, que benefician a los estudiantes de instituciones privadas.
La reforma también ha generado preocupación debido al amplio fortalecimiento del sistema oficial, que incluye gratuidad en la educación pública, construcción de nuevas sedes y mejoramiento de la infraestructura en las IES públicas. Esto ha llevado a un tránsito de estudiantes de las IES privadas a las públicas, lo que ha debilitado a las primeras.
Emilia Restrepo, rectora del Colegio de Estudios Superiores de Administración (Cesa), subrayó la importancia de garantizar un esquema de financiación equitativo entre la educación pública y privada. Según Restrepo, desviar toda la financiación hacia lo público podría afectar la calidad de la educación y limitar el acceso de los estudiantes a una educación de alta calidad.
Esteban Piedrahita, rector de la Icesi, señaló que la gratuidad podría abrir brechas en la calidad educativa al poner en competencia a segmentos sociales con diferentes niveles de capital cultural y académico. Aunque la gratuidad puede extenderse y volverse un modelo universal, la experiencia de otros países indica que puede deteriorar la calidad educativa.
José Manuel Restrepo, rector de la EIA, destacó la importancia de reconocer y valorar el sector no oficial de la educación, ya que ha contribuido significativamente al sistema educativo colombiano.
En documentos publicados por el Ministerio de Educación, se estima que la reforma al esquema de transferencias a las IES estatales tendría un impacto fiscal de $5,8 billones para el periodo de Gobierno, con al menos un 40% de esos recursos destinados al programa de ampliación de cobertura gubernamental. Se proyecta que la reforma total tendría un impacto fiscal de más de $33 billones.
Ante este panorama, las universidades privadas continúan dialogando con el Gobierno y otros actores del sector educativo para encontrar soluciones que garanticen la calidad y el acceso a la educación superior en Colombia.
