Como un círculo vicioso, así califican los representantes de la Asociación Colombiana de Ciudades Intermedias, Asointermedias, la actual situación de las estaciones de Policía y las URI, que enfocan sus esfuerzos en cuidar sindicados, desatendiendo la seguridad de las ciudades del país. Ante la situación, Asointermedias pide al Congreso de la República avanzar en el diseño de medidas que permitan reducir el hacinamiento de sindicados. Durante la Audiencia Pública de la Comisión Primera del Senado de la República, que analiza el Proyecto de Ley No. 210 de 2023, Santiago Ospina, director ejecutivo de Asointermedias enfatizó en la necesidad de garantizar que el pie de fuerza de las Ciudades Intermedias esté al servicio de la comunidad y presente en las calles, y no en las estaciones cuidando a los detenidos. “Para nadie es un secreto que las estaciones de policía y las URI están repletas de sindicados que pueden permanecer allí hasta 3 años; violentando incluso la presunción de inocencia. Con un agravante adicional, y es que quien hace la vigilancia de esos sindicados es la Policía Nacional, llevando a que muchos de los uniformados dejen de estar en las calles, aumentando así en nuestras Ciudades Intermedias delitos como la extorsión, el secuestro y el hurto” dijo Santiago Ospina durante su intervención, cuestionando además si con esto se está cumpliendo en Colombia el principio de resocialización. El director de Asointermedias recalcó en los Congresistas que este proyecto de Ley también debe recoger la necesidad de que si a los alcaldes les van a entregar temas de descentralización, les deben dar herramientas, recursos y fuentes de financiación para llevarlos a cabo; y que otro de los temas que preocupa a las ciudades y municipios es la alimentación de los privados de la libertad, pues aunque el año anterior, en un trabajo articulado entre Asocapitales, Fedemunicipios y Asointermedias, se logró que por un tiempo la asuma el Estado, aún existe el temor de que este costo recaiga sobre las entidades territoriales, lo cual representaría para cada una entre 800 y 2000 millones de pesos, que podrían destinarse para otros temas sociales, entre ellas la alimentación escolar.
