Los alcaldes de los municipios en la zona de embalses del Oriente Antioqueño han reiterado su demanda a Empresas Públicas de Medellín (EPM) para que ponga fin a la tercerización de los proyectos de compensación social. Llevan una década solicitando ejecutar directamente los recursos que les corresponde por ser socios en la generación de energía.
Después de dos encuentros en los últimos dos meses con EPM, la tensión ha aumentado en lugar de disminuir. El pasado 28 de febrero, EPM presentó su plan de inversiones en la región a los ocho alcaldes de los municipios afectados, pero no se llegó a un acuerdo sobre el fin de la tercerización de los proyectos de compensación. A pesar de la buena receptividad por parte del gerente John Maya, la respuesta fue: “Vamos a analizar”.
La tercerización de la compensación social se decidió hace diez años tras una evaluación realizada por la Fundación Carvajal, criticada por su desconocimiento del territorio. Desde entonces, la relación entre los municipios y EPM ha sido cada vez más tensa, considerando que la inequidad en la sociedad de generación de energía se ha ampliado con esta decisión.
Los alcaldes señalan que mientras los megavatios generados en el Oriente Antioqueño superan el billón al año, los beneficios no se distribuyen equitativamente. Sergio Calderón, presidente del Consejo de Alejandría, destacó que los municipios asumen los costos ambientales, sociales y comunitarios, mientras que los beneficios son para la empresa.
En 2021, los alcaldes lograron recuperar el convenio de recreación, deporte y cultura, con una asignación de cerca de $400 millones para cada municipio. A pesar del éxito en la ejecución de estos fondos, el resto de los programas continuó tercerizado.
EPM realizó el pasado 20 de abril una rendición pública de cuentas del año 2023, donde informó sobre transferencias por $40.706 millones a 18 municipios del Oriente y Cornare, y $22.000 millones destinados a alianzas para el desarrollo. Sin embargo, $15.000 millones fueron tercerizados y ejecutados por ONG cuestionadas por los alcaldes.
Los alcaldes insisten en que los municipios deben tener la potestad para direccionar y ejecutar estos proyectos. La alcaldesa de Alejandría, Gloria Naranjo, y la alcaldesa de El Peñol, Sandra Duque, enfatizaron en los beneficios económicos y sociales que traería el manejo directo de estos convenios para sus municipios.
Además, en El Peñol se descubrió que EPM dejó de pagar impuestos prediales por cientos de predios ocupados, lo que resultó en un aumento significativo en las contribuciones del municipio tras una actualización catastral.
La discusión tiene su origen en la Ley 56 de 1981, que estableció la figura de compensación hace más de 40 años. Los municipios consideran que esta ley perpetúa una relación asimétrica e inequitativa con EPM. A pesar de las discusiones en el Congreso para cambiar esta figura, los municipios del Oriente siguen siendo los únicos con programas de compensación tercerizados.
Les hna solicitado respuestas a EPM en dos ocasiones, pero la empresa ha indicado que no tiene vocería disponible para el tema, priorizando la atención de la prestación de servicio de energía y generación en medio de los desafíos que ha impuesto el Fenómeno del Niño.
La situación sigue sin resolverse y los alcaldes continúan exigiendo una solución justa y equitativa que reconozca su papel como socios en la generación de energía y garantice que los recursos de compensación lleguen efectivamente a las comunidades afectadas.
