La Universidad de Antioquia enfrenta uno de sus momentos más críticos, marcado por una desfinanciación superior a los $340.000
millones y una alarmante urgencia debido a denuncias de acoso. La situación ha generado un malestar generalizado entre estudiantes y profesores, quienes critican la lenta respuesta a los casos de violencia de género y la insuficiencia de recursos para el funcionamiento adecuado de la institución.
La crisis financiera es severa. En 2023, la desfinanciación alcanzó los $348.095 millones, principalmente debido a insuficientes aportes de la Ley 30. Esta situación ya ha provocado retrasos en el pago de salarios, algo que no ocurría desde hace al menos 50 años. La primera quincena de mayo de 2023 fue un claro ejemplo, cuando los pagos se retrasaron, generando especulaciones sobre un déficit financiero y la posible falta de transferencias de los gobiernos nacional y departamental.
En una asamblea general de profesores realizada el 24 de mayo, se evidenció que la universidad no tiene flujo de caja, ni capacidad para hacer traslados de recursos necesarios para cubrir la nómina. El vicerrector general, Elmer Gaviria, explicó que los gastos de personal representaron en 2023 más del 80% del presupuesto, y para 2024, con un presupuesto de $1,9 billones, los costos de nómina seguirán aumentando. Además, en los últimos cuatro años, la universidad se ha endeudado en tres ocasiones para capital de trabajo, tomando créditos significativos en 2020, 2021 y 2023.
Los ingresos de la universidad provienen en un 44% de los gobiernos nacional y departamental, mientras que más del 50% son generados por la propia institución. Sin embargo, estos ingresos propios han disminuido, con una reducción notable en los contratos por convenios interadministrativos, asesorías y auditorías.
La universidad también enfrenta críticas por su manejo de las denuncias de acoso y violencia de género. Estudiantes han señalado la lentitud en la atención de estos casos, lo que ha generado protestas y denuncias públicas. La situación se agravó con la denuncia de la profesora Lauren Flor Torres, quien ha sido víctima de acoso por más de un año. Esta denuncia reavivó otros casos, poniendo de manifiesto la insuficiencia de las medidas tomadas por la universidad para proteger a las víctimas y sancionar a los agresores.
El protocolo establecido, conocido como la «ruta violeta», ha sido cuestionado por su efectividad y por las medidas que, según los denunciantes, revictimizan a las víctimas. Estudiantes y algunos docentes han exigido un rechazo contundente y público a estos hechos y una revisión urgente del protocolo y su implementación.
La situación ha llevado a que tanto docentes como estudiantes se mantengan en asamblea permanente, discutiendo estos problemas en diversos espacios, desde salones y auditorios hasta redes sociales. La reelección de John Jairo Arboleda Céspedes como rector para el periodo 2024-2027 ha intensificado la presión para encontrar soluciones rápidas y efectivas a estos problemas.
El futuro de la Universidad de Antioquia depende de la capacidad de sus directivas para gestionar recursos adecuadamente y abordar de manera efectiva las denuncias de violencia de género. La comunidad universitaria espera que las medidas de austeridad propuestas, como la reducción de gastos en viáticos, seguridad, y otros, junto con una revisión seria del protocolo de atención a denuncias, puedan mitigar la crisis actual y permitir un funcionamiento más estable y justo para todos sus miembros.
