Los recientes episodios de vandalismo en varias universidades de Medellín, entre ellas el Politécnico Jaime Isaza Cadavid y la Universidad de Antioquia, han generado un fuerte rechazo tanto por parte de las autoridades locales como de los directivos de las instituciones educativas. En medio de esta situación, el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón Cardona, ha expresado su total respaldo a la intervención de la fuerza pública, reiterando su compromiso con la seguridad en el entorno académico.
A lo largo de 2024, actos de vandalismo protagonizados principalmente por encapuchados han afectado a varias universidades de la ciudad. Estos actos han incluido bloqueos de vías, daños en infraestructuras, destrucción de cámaras de seguridad y vandalismo en bienes públicos. Como consecuencia, las actividades académicas y administrativas de las instituciones educativas han tenido que suspenderse en diversas ocasiones, lo que ha ocasionado pérdidas millonarias y afectado a miles de estudiantes.
Uno de los incidentes más recientes ocurrió el pasado 19 de noviembre, en la avenida Las Vegas, en las cercanías del Politécnico Jaime Isaza Cadavid. Un grupo de delincuentes robó y luego quemó un vehículo de la Secretaría de Movilidad de Medellín, lo que causó el cierre temporal de la vía por aproximadamente tres horas. Los responsables del hecho huyeron al ingresar al campus universitario, lo que generó aún más preocupación.
Frente a este hecho, el gobernador Andrés Julián Rendón instruyó a las directivas del Politécnico Jaime Isaza Cadavid permitir el ingreso de la Policía al campus, con el objetivo de garantizar el orden y la seguridad. El mandatario expresó su apoyo a la fuerza pública, destacando que el procedimiento se llevó a cabo sin el uso de armas y fue acompañado por la Personería de Medellín. «Este accionar cuenta con todo nuestro respaldo, y estoy seguro de que también con el de millones de antioqueños. Cada día que el Politécnico permanece paralizado debido a los encapuchados, se pierden cerca de 800 millones de pesos y más de 10.000 estudiantes se ven afectados», afirmó el gobernador.
Aunque los agentes policiales no lograron capturar a los responsables del robo y la quema del vehículo, se inició una investigación para esclarecer los hechos. Según el comandante de la Policía Metropolitana, general William Castaño, se abrió una noticia criminal relacionada con el incidente y se está trabajando para dar con los responsables.
Este tipo de acciones, que se enmarcan en lo que las autoridades consideran terrorismo urbano, podrían acarrear condenas de hasta 8 años de prisión por los delitos de daño en bien ajeno, entre otros. Las autoridades insisten en la necesidad de garantizar la seguridad y el normal desarrollo de las actividades académicas en las universidades de la región.
