Las próximas elecciones en Venezuela, incluidas las presidenciales de 2024 y las regionales, locales y legislativas de 2025, se perfilan como una oportunidad crucial para la reinstitucionalización de la democracia en el país. Sin embargo, la falta de garantías y transparencia en el proceso electoral ha suscitado preocupaciones tanto a nivel nacional como internacional.
Uno de los principales puntos de preocupación es la reciente renuncia de seis miembros del Consejo Nacional Electoral (CNE) el 15 de junio. Estas renuncias, aceptadas rápidamente por la Asamblea Nacional, dominada por el partido del presidente Maduro, han generado inquietudes sobre posibles presiones políticas que podrían afectar la imparcialidad del organismo. A pesar de que la ley venezolana permite renuncias individuales, la salida casi simultánea de la mayoría de los miembros del CNE plantea dudas sobre la autonomía de la institución.
Además, la inhabilitación electoral arbitraria de candidatos de la oposición, como María Corina Machado, Leopoldo López, Henrique Capriles y Freddy Superlano, ha limitado severamente el derecho de los venezolanos a elegir libremente a sus representantes. Estas acciones, sumadas a la falta de separación de poderes, dificultades en la actualización del Registro Electoral, y limitaciones a la libertad de expresión, continúan obstaculizando el proceso democrático en el país.
La Comisión Nacional de Primarias (CNP), encargada de organizar las elecciones primarias de la oposición, ha decidido llevar a cabo las primarias de forma independiente debido a las preocupaciones sobre la imparcialidad del nuevo CNE. Esta decisión subraya la necesidad de garantizar un proceso electoral transparente y justo.
La comunidad internacional ha manifestado su preocupación y ha exigido a Venezuela que cumpla con estándares electorales mínimos. La Unión Europea emitió 23 recomendaciones en 2021, resaltadas en la cumbre de 2023, que hasta la fecha no han sido implementadas. Además, el Departamento de Estado de Estados Unidos y la Unión Europea han expresado su inquietud por las recientes decisiones que socavan la posibilidad de elecciones libres y justas.
Venezuela tiene la obligación de garantizar el derecho a la participación política de su pueblo, en conformidad con el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP) y la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH). La existencia de una democracia genuina es esencial para la protección y garantía de otros derechos humanos fundamentales.
En conclusión, es imperativo que Venezuela adopte medidas necesarias para asegurar un proceso electoral transparente, imparcial y libre de presiones políticas. Todas las personas venezolanas, tanto en el país como en el extranjero, tienen el derecho de participar en asuntos públicos y decidir libremente el futuro de su nación.
