La implementación de viviendas para los excombatientes de las Farc ha sido un tema pendiente para los últimos gobiernos colombianos, según reveló el último informe de la Misión de Verificación de la ONU. A pesar de los esfuerzos anunciados, la entrega de viviendas ha sido mínima, generando preocupación y críticas.
El Gobierno del expresidente Iván Duque propuso la compra y adecuación de predios donde estaban ubicados los Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación (ETCR) para albergar a los excombatientes. A pesar de la viabilidad identificada por un estudio de la Universidad Nacional, la promesa quedó en el papel. De los 521 hogares proyectados, solo 37 se construyeron, todos en el departamento de Cauca, durante las administraciones de Duque y Gustavo Petro.
Laura Vega, representante de los reincorporados ante el Consejo Nacional de Reincorporación (CNR), destacó que, a pesar de las promesas, la mayoría de los excombatientes ya abandonó los ETCR y enfrenta dificultades para acceder a vivienda digna. El decreto 650 del expresidente Duque, que otorgaba un subsidio de 30 salarios mínimos para el programa Mi Casa Ya, resultó ineficaz para muchos debido a la falta de proyectos en municipios pequeños y las restricciones para adquirir deudas bancarias.
Según datos de la Misión de Verificación, solo el 0,3% de los excombatientes ha accedido a los subsidios de vivienda, beneficiando a 31 personas de una población de 10.500 excombatientes.
El CNR, en su última sesión el 11 de abril, acordó citar a la ministra de Vivienda, Catalina Velasco, para buscar soluciones a este problema. Sin embargo, Laura Vega señaló que el relacionamiento con el Ministerio de Vivienda ha sido difícil, con respuestas constantes de falta de recursos.
La ONU instó al Ministerio de Vivienda a actuar con prontitud y sugirió implementar programas de autoconstrucción y facilitar el acceso a subsidios de vivienda como posibles soluciones.
La falta de vivienda para excombatientes no solo representa un incumplimiento del Acuerdo de Paz, sino también un desafío social que requiere atención urgente por parte del Gobierno colombiano.
